Chile y su Ley de Juego Online: Claves, Impuestos y Plazos del Proyecto

El Senado de Chile aprobó en general el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea —Boletín N.º 14.838-03— con 27 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, consolidando un respaldo político amplio a la primera regulación integral del juego online en el país.

Qué propone la ley

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, introduce un sistema de licencias nacionales para operadores de casinos chilenos online y apuestas deportivas. Las licencias generales tendrán una duración de 5 años renovables, con una modalidad temporal de 6 meses no renovables para facilitar el arranque. Los operadores deberán constituirse como sociedad en Chile, informar el origen de fondos, accionistas y beneficiarios finales, y quedarán sujetos a la normativa de prevención de lavado de activos.

El marco fiscal contempla un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos de juego, más un 19% de IVA. Para apuestas deportivas se añade un gravamen del 2% destinado al desarrollo deportivo y federaciones nacionales. Los operadores aportarán además un 1% de sus ingresos brutos a iniciativas de juego responsable. Del lado del jugador, se establece un impuesto del 15% sobre los ingresos brutos retirados (premios menos aportes), cobrado al momento de transferir fondos a cuenta personal. La tarifa anual de operación se fija en 1.000 UTM.

El proyecto transforma la actual autoridad de casinos presenciales en la nueva Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCJ), con facultades para otorgar licencias, fiscalizar software, aplicar multas de hasta 2.000 UTM e imponer bloqueos a sitios no autorizados. La SCJ contará con divisiones específicas de supervisión online y juego responsable.

Se crea también un Registro Nacional de Autoexclusión y se mandata al Ministerio de Hacienda —con informes de la SCJ y el Ministerio de Salud— a dictar una Política Nacional de Apuestas Responsables.

El camino legislativo

Presentado originalmente en 2022, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2023 y posteriormente aprobado en general por el Senado. La tramitación se encuentra ahora en las comisiones de Economía y Finanzas del Senado para revisión y enmiendas técnicas. Diversos fuentes estiman que el sistema de licencias podría entrar en vigor alrededor de 2027, si el calendario legislativo no sufre nuevos estancamientos. Algo que, tratándose de legislaciones de este calibre, sería casi milagroso.

Qué cambia para operadores y jugadores

Millones de jugadores chilenos apuestan actualmente en plataformas offshore con licencias de Curazao, Malta o Anjouan. El nuevo esquema obligará a esos operadores a solicitar una licencia local —con constitución societaria chilena, KYC obligatorio, controles antifraude y estándares de juego responsable integrados— o quedar excluidos del mercado regulado. Para quienes hayan operado sin licencia se discute un período de gracia y un posible impuesto único sustitutivo del 31% sobre ingresos brutos de 36 meses previos, aunque ese detalle podría variar en versiones posteriores del texto.

Las medidas contra operadores sin licencia son contundentes: bloqueo de sitios web, prohibición de cuentas bancarias locales y restricción de descarga de aplicaciones desde territorio chileno. De hecho, las autoridades ya han comenzado a ordenar bloqueos de sitios offshore y restricciones bancarias, anticipándose al régimen definitivo.

La carga fiscal acumulada —20% de GGR, 19% de IVA, contribuciones adicionales— es considerable. Es difícil imaginar que los márgenes de los operadores no se resientan, lo que probablemente se traduzca en bonos y promociones menos generosos para el mercado chileno. El 15% sobre ganancias retiradas tampoco ayuda a hacer atractivo el régimen regulado frente a la alternativa offshore, donde nadie retiene nada. Un equilibrio delicado que el legislador todavía no parece haber resuelto del todo.

El detalle completo del proyecto puede consultarse en la página del Ministerio de Hacienda, y el análisis técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional está disponible en su informe comparado.